
El 06 de abril de 2005, Andrés Manuel López Obrador, entonces jefe de Gobierno del Distrito Federal (hoy Ciudad de México) compareció ante el Congreso mexicano por el juicio de desafuero promovido por el presidente de México, Vicente Fox. El contexto de la instrumentación del juicio político no era casual, pues era evidente ante parte de la opinión pública que dicho proceso tenía como propósito, cuando menos, obstaculizar las aspiraciones del gobernante a las elecciones presidenciales del siguiente año. Este episodio puede considerarse como uno de los prototipos de lawfare en el continente americano.
El uso del concepto lawfare ha sido empleado de forma consistente y sostenida durante la última década, y es muy asociado a América Latina por las condiciones en las que se configura su uso. El caso del desafuero de Andrés Manuel López Obrador dio pie a la identificación del fenómeno que imbuye a la gobernanza de gobiernos progresistas para desestabilizarlos mediante mecanismos jurídicos y que la crisis permita la incorporación de actores nuevos con intereses específicos.
Cabe entonces preguntarse ¿qué es lawfare? En su acepción etimológica, este término es la unión de dos conceptos en inglés: law (ley) y warfare (guerra). Estas dos palabras al unirse forman el concepto que en español podría entenderse literalmente como ‘guerra jurídica’. Arantxa Tirado, en su obra El Lawfare. Golpes de Estado en Nombre de la Ley menciona que Estados Unidos ejerce un tutelaje en todas las zonas que considera de su interés, y uno de estos mecanismos es la promoción de su propia idea de democracia. En este sentido, en la Guerra Fría financió y orquestó golpes de Estado militares con sus agencias de inteligencia y las embajadas en diferentes países, pero en el nuevo siglo, la forma más conveniente a sus intereses y ‘suave’ en que puede intervenir es a través de las leyes, el apoyo de narrativas que privilegian procedimientos jurídicos y que son usualmente diseminados por medios corporativos.
Más allá del caso de México de 2005, que no llegó a concretarse por el amplio respaldo popular de López Obrador, durante los años subsecuentes en diferentes países de América Latina identificamos casos en los que el poder judicial instrumentalizó la deposición o persecución de sus gobernantes:
Honduras
Manuel Zelaya fue presidente de Honduras entre 2006 y 2009. Fue encarcelado en ese último año por la iniciativa que promovió de instalar una urna especial en sus elecciones, la cual determinaría si los votantes optaban por una asamblea constituyente que podría modificar la Constitución de 1982. La Corte determinó como ilegal esa iniciativa y presionó para que el ejército, quien distribuía las papeletas en las elecciones, apoyara esta resolución. El presidente Zelaya fue detenido en su propia casa en un operativo que fue orquestado por el gobierno estadounidense por medio del Comando Sur. No importaron el crecimiento económico, la baja inflación ni los aumentos al salario mínimo -que hizo que 30 empresas se ampararan en la Corte para evitar implementar estas medidas a los trabajadores- para impedir el golpe. Cabe mencionar que esa misma corte permitió a Juan Orlando Hernández (presidente entre 2014 y 2021) la reelección por primera vez desde 1982. Orlando Hernandez actualmente está preso en Estados Unidos por narcotráfico.
Paraguay
A nueve meses de las elecciones de 2013, el Congreso paraguayo convocó a un juicio político express contra el presidente Fernando Lugo. De las tantas acusaciones que se le esgrimieron destaca la de “gobernar de forma irresponsable, lo que llevó a enfrentamientos entre clases” y que desembocó en una gresca en Curuguaty entre campesinos y policías, la cual dejó un saldo de 17 muertos. La crisis del gobierno paraguayo culminó en la destitución de Lugo, quien desde que asumió el cargo tuvo constantes campañas de desacreditación por parte de los medios del país guaraní. Más allá de la inestabilidad en el gobierno paraguayo por el juicio político, destaca la alianza entre legisladores opositores para promover este juicio y al mismo tiempo, pactar con la embajada de Estados Unidos la instalación de bases militares en la zona del Chaco paraguayo. En 2014, Estados Unidos estableció otra base militar en la zona de Santa Rosa del Aguaray, con respaldo del presidente Horacio Cartes.
Argentina
Cristina Fernández de Kirchner gobernó Argentina entre 2007 y 2015. En 2015, el fiscal Alberto Nisman promovió una denuncia contra Fernández, acusándola de ser cómplice de Irán para exculpar a los involucrados en el atentado de 1994 a la Asociación Mutualista Israelita de Argentina. El carisma de Nisman llevó a que la oposición argentina respaldara el andamiaje judicial armado contra la mandataria. No obstante, el fiscal apareció muerto en su apartamento y, pese a que los análisis forenses determinaron que había sido un suicidio, la derecha y los medios de comunicación hicieron mártir a Nisman y culparon a Fernández. Este acontecimiento socavó la imagen pública de la mandataria, y es una de las causas que llevó a la derrota del peronismo en las siguientes elecciones que ganó el derechista Mauricio Macri. El político del partido Propuesta Republicana contrató una deuda impagable al Fondo Monetario Internacional, lo cual es el origen de la crisis económica que hunde al país en la actualidad. Desde entonces, a la expresidenta se le han imputado varios cargos, de los cuales destaca la ‘Causa Vialidad’ -acusación de defraudación al país por obras viales- que sí llegó a una condena, la cual podría utilizarse para encarcelarla. En 2022, Fernández de Kirchner también fue víctima de un intento fallido de atentado por arma de fuego.
Brasil
Pese a que Brasil contó con dos gobernantes progresistas en el siglo XXI, Luiz Inacio Lula da Silva y Dilma Rousseff, esta última fue destituida como presidenta el 31 de agosto de 2016. El juicio, que duró 8 meses y 17 días, correspondió a acusaciones de corrupción que fueron diseminadas por medios corporativos. En el contexto convulso que Brasil vivía, Jair Bolsonaro, perteneciente a un ala de ultraderecha cristiana sionista, ganó las elecciones y utilizó la maquinaria judicial para encarcelar a Lula da Silva, quien estaba en visos a postularse nuevamente a la presidencia, con un amplio respaldo popular. Da Silva estuvo más de un año encarcelado, acusado también de corrupción. El juez Sergio Moro comandó esta ‘operación judicial’ y constantemente refutó y desestimó acciones de otros magistrados que argumentaban que el expresidente debía ser puesto en libertad. Documentos filtrados de WikiLeaks corroboraron que Moro tuvo apoyo estadounidense en su embate a Lula da Silva, pues Brasil es un eje estratégico para Washington por su pertenencia a los BRICS y su posición en el corazón de Sudamérica. Posteriormente, la Corte Suprema de Brasil declaró improcedentes todas las acusaciones, además de que se evidenció que el juez no fue imparcial y ahora éste enfrenta investigaciones por abuso de poder al impartir justicia. Lula da Silva fue liberado en 2019 y actualmente es presidente de Brasil. Rousseff, por su parte, fue absuelta de todo cargo en 2022.
Ecuador
Actualmente, Rafael Correa, expresidente de Ecuador, cuenta con asilo político en Bélgica, país en el que vive desde 2017. Correa sufrió persecución política por parte de Lenin Moreno, su sucesor y ex aliado, quien, apoyado de la fuerza del sistema judicial ecuatoriano, vinculó al expresidente a casos de narcotráfico y al ‘Caso Sobornos’, del cual derivó una acusación con solicitud de condena de 8 años por ‘influjo psíquico’. La estabilidad que logró Correa cuando gobernó, entró en declive con el traidor Lenin Moreno, y posteriormente con Guillermo Lasso, pues el narcotráfico anidó en el país y actualmente existe una crisis de seguridad que llevó al asesinato del candidato a la presidencia, Fernando Villavicencio. La crisis entre México y Ecuador de 2024, que llevó al rompimiento de sus relaciones diplomáticas, reside en la violación de la soberanía de la embajada mexicana en Quito, con el fin de encarcelar a Jorge Glas, expresidente de Ecuador que también fue cercano a Correa y tuvo una intensa campaña de desacreditación en su contra para vincularlo a casos de corrupción.
Perú
La administración de Pedro Castillo, electo en 2021 en las elecciones presidenciales de Perú fue turbulenta y sujeta a embates desde varios flancos. El Congreso intentó su destitución en dos ocasiones durante el corto lapso en que estuvo a cargo del poder ejecutivo peruano, y hasta diciembre de 2022, en un tercer intento, fue destituido. La presión que ejerció el poder legislativo lo llevó a disolver el Congreso y, pese a que está facultado por su constitución cuando se pruebe una pérdida de confianza de la Cámara, este intento llevó a que se involucraran autoridades policiales, estatales y a la renuncia de elementos de su gabinete. La pérdida del capital político de Castillo desembocó en que fuera declarado con incapacidad moral permanente y encarcelado, tras intentar refugiarse en la embajada de México. Durante la jornada en que se desataron esos acontecimientos, la embajadora estadounidense en Perú, Lisa Keena, apoyó la destitución del mandatario e inmediatamente reconoció a la vicepresidenta Dina Boluarte como jefa de Estado.
Colombia
Pese a que Gustavo Petro es actualmente presidente de Colombia, años atrás, en 2013, fue objeto de una inhabilitación para ocupar cargos públicos por presuntas irregularidades en la contratación del servicio de limpia pública al ser alcalde de Bogotá. Alejandro Ordóñez, como procurador general de la nación en Colombia utilizó su puesto para abrir más investigaciones contra Petro en 2015, después de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos había intervenido y éste había sido absuelto. El presidente colombiano ha tenido una pugna constante con la corte de su país desde que asumió el cargo, y una de las más agudas fue con Francisco Barbosa, fiscal general quien comandó una andanada mediática contra los perfiles que Petro, como presidente, mandó a votación para reemplazarlo. El presidente colombiano ha sido acusado en los medios de narcotráfico, corrupción, e ineptitud, campaña que tiene la intención de debilitar su administración y que la oposición adquiera fuerza para la siguiente elección.
Los casos previamente descritos confirman la definición técnica de lawfare. Son muestras de los intereses por incidir en la estabilidad de gobiernos legítimos y progresistas, con el objetivo de minarlos desde dentro. A estos ejemplos podemos sumar la injerencia constante de Estados Unidos en el cuestionamiento de legitimidad de procesos electorales, como el de Bolivia en 2019, que llevó a Evo Morales, acusado de fraude en esa elección en una narrativa alimentada por la Organización de Estados Americanos, a huir del país y asilarse en México, así como en 2024 en Venezuela, en donde la victoria de Maduro para un nuevo mandato ha desatado una campaña poderosa y nociva contra su gobierno que el secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, y la OEA han respaldado intermitentemente.