Análisis de entrevista: Lawfare: La guerra por otros medios de Silvina Romano - Reflexiones de Sur a Norte

Por Axel García Ancira

Coordinación Internacional del INFP

A días de que se celebren en México unas inéditas elecciones que renovarán la totalidad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistraturas de circuito, jueces y al Tribunal Electoral, es necesario analizar cuál es el panorama regional en América Latina en cuanto a las guerras judiciales. Por eso, acudimos a la especialista Silvina Romano, a propósito de la publicación de su libro Lawfare: La guerra por otros medios, para tener un análisis que nos permita valorar lo que está ocurriendo en México desde una escala distinta.

Uno de los enfoques que se tiene comúnmente cuando se habla de lawfare es abordar casos particulares y enumerar momentos paradigmáticos en donde gobiernos o mandatarios de signo progresista han sido asediados por procesos judiciales. La primera condición para comprender el porqué de hablar de la guerra judicial es entender que ésta no se reduce a la sumatoria de los casos; es la comprensión de que no es posible desligar estos procesos de la llegada al poder de políticos de extrema derecha, y de discursos que permean en grandes sectores con la promesa de ser la representación de lo opuesto a la política: la antipolítica. En este sentido, el fenómeno del lawfare es la expresión de un intento por el dominio de los sectores estratégicos, recursos naturales y patrones de explotación natural y de la fuerza de trabajo. Por este mecanismo, los grandes capitales buscan la conservación de sus posiciones ventajosas, haciendo que el funcionamiento del aparato productivo esté desligado del poder político.

Silvina Romano, coordinadora del Observatorio de Lawfare, refiere: “Fíjense, ¿por qué no nos enteramos de lo que sucede en Perú? [La ruptura del orden democrático] Porque la economía sigue funcionando. La economía se independizó de la política. Es increíble. Se trata de una economía que está manejada por un sector muy minoritario y corporaciones transnacionales. ¿Qué es lo que intentaba cambiar el gobierno de Pedro Castillo, que hoy está preso, y que representaba una minoría indígena y rural? [...] Es el vaciamiento de las instituciones, un aspecto que nos permite entender el carácter del lawfare como una estrategia organizada."

De esta manera, no sólo es un asunto de persecución contra determinada figura política, sino que es un mecanismo que opera socavando la participación ciudadana y, por lo tanto, limitando o condicionando las democracias y soberanías de los pueblos. Esto debe entenderse como parte de un proceso histórico que no está desvinculado de la conformación de jerarquías internacionales y de las zonas de influencia que se establecieron en el mundo tras la Segunda Guerra Mundial. Así como se dio un viraje ideológico que consistió en la reeducación de una generación de políticos formados en Estados Unidos, en una ortodoxia económica neoliberal, podemos ver la estrategia de control de las élites judiciales en el continente como una forma de un poder paralelo a los gobiernos democráticamente electos, que garantizan el vasallaje de las estructuras económicas a los intereses de las potencias, particularmente de las multinacionales estadounidenses. Y esto no sólo es una premisa, sino que la Dra. Romano explica que hay evidencia de la operación de agentes de Estados Unidos en casos de lawfare:

“Es decir, hay una arquitectura institucional organizada para plantear una y otra vez el estándar de los aparatos judiciales, incluidos los cursos de formación que están a la orden del día y que en general son impartidos por la OEA […] y siempre la pregunta es la misma y creo que ahí México puede tener un rol súper interesante: ¿Qué podemos hacer desde América Latina para formar a nuestros fiscales, a nuestros jueces, a nuestras policías?”

Podría pensarse que México realiza unas elecciones por razones distintas al combate al lawfare o guerra judicial, como el que se dio en Brasil, con el encarcelamiento de Lula da Silva; en Ecuador, con la proscripción de Rafael Correa; o en Argentina, con las múltiples causas judiciales que buscan no sólo la proscripción de Cristina Kirchner, sino la aniquilación y aleccionamiento hacia todo el campo popular y al proyecto que representó la restauración peronista antineoliberal entre 2003 y 2015. Silvina Romano explica que una de las experiencias es que muchos de los casos judiciales que se han abierto están relacionados con los proyectos de infraestructura más importantes de los países. En el caso mexicano, es ineludible pensar en el Tren Maya. Una posible explicación, si tenemos una mirada transversal y comparativa, es que estamos ante un caso de disciplinamiento social, en donde se busca que los gobiernos queden desacreditados por el incumplimiento de sus obras insignia. Asimismo, podría representar también una fuerte reacción de los grandes intereses capitalistas ante la negativa de que ellos impongan los ritmos de la industrialización, condenar a la desindustrialización, o promover intereses de desarrollo de regiones en detrimento de otras. Así, la guerra judicial que se vivió en México también está relacionada con la inusitada cantidad de amparos y demandas, las cuales gozaron de una apabullante publicidad en medios de comunicación corporativos y mucha de la prensa “independiente”, subsidiada por el financiamiento de la USAID. En resumen, el lawfare no sólo es el juicio de inhabilitación a un líder de alto nivel, sino que también es el sabotaje a las acciones de los gobiernos y sus intentos por cambiar la realidad material de las mayorías, sea esto promover el empleo y las vías de comunicación para las comunidades del sureste mexicano, o bien el proyecto de farmacias populares de Daniel Jadue en Chile.

Es en este panorama que México va rumbo a la elección de un nuevo poder judicial. Por supuesto, los retos son mayúsculos, y el camino inédito no es cómodo ni sencillo. Pese a ello, la Dra. Silvina Romano reconoce que, además de la elección que está en marcha, es tiempo de pasar a la vanguardia para arrebatar la narrativa de la lucha anticorrupción a las derechas: “Ahora el tema desde América Latina: ¿qué se plantea, cuáles son las alternativas para la formación, sea antilavado, anticorrupción? ¿Por qué México no podría  también proyectar esta experiencia y plantear cursos de formación, y no sólo estar esperando todo el tiempo a adaptarnos a ese estándar que plantea Estados Unidos, que además es una sociedad fallida a todas luces?”

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